La «invalidación» de actos o resoluciones dictadas por la autoridad ambiental es una institución muy discutida.
Para explicarlo brevemente, debemos tener presente que la Ley 19.880 establece la facultad de la administración para declarar no válidos o dejar sin efecto las resoluciones o actos que se hayan dictado con infracción de la ley, dentro de los dos años siguientes a su dictación.
Así, al ser una facultad de la Administración, un acto puede ser invalidado por iniciativa propia por el órgano administrativo que lo dictó (a lo que llamamos «de oficio»). Asimismo, se reconoce que las personas tienen la posibilidad de pedirle a la administración que ejerza esta facultad.
En materia ambiental, ha existido una larga (muy larga) discusión sobre la invalidación de los actos administrativos de carácter ambiental, todo gracias a que la ley reconoce el derecho de las personas a acudir a los Tribunales Ambientales para reclamar en contra de la resolución de un órgano de la Administración que invalide (o rechace la solicitud de invalidación) de un acto administrativo relativo al medio ambiente.
Esto ha llevado a que la invalidación ya no se considere como una mera facultad de la administración, sino que como un recurso para impugnar resoluciones, solo en materia ambiental, ya que solo en esta materia es tratado de forma diferente por la ley. Si te interesa saber más sobre esa discusión, pincha el link de arriba, ya que para efectos prácticos, en esta guía sólo consideraremos la que se ha consolidado como opinión de los tribunales de justicia.
Estos actos pueden ser, por ejemplo, Resoluciones de Calificación Ambiental, Consultas de Pertinencia, Autorizaciones Sanitarias, mientras tengan carácter ambiental.
¿Qué actos pueden ser invalidados?
Haz click aquí para ver «Cómo pedir la invalidación de una RCA»
¿Dentro de qué plazo se debe pedir la invalidación?
Depende.
Sin embargo, te recomendamos fuertemente que lo hagas antes de que transcurran 30 días hábiles administrativos desde la fecha de la resolución.